Por Indymedia Rosario - rosario@indymedia.org
Al cumplirse siete meses del asesinato de Silvia Suppo, se realizó una marcha en la ciudad de Rafaela reclamando el pase de la causa al ámbito federal por tratarse de un delito de lesa humanidad. El juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela Alejandro Mognaschi se niega a dejar la investigación a pesar del planteo en ese sentido que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al tiempo que la misma acumula cada vez más irregularidades.
El 29 de marzo Silvia Suppo fue brutalmente asesinada. Ella había sido testigo en la causa Brusa, e impulsaba un nuevo juicio que implica a policías que hasta hoy caminan libres como responsables de la desaparición en 1977 de Reynaldo Hattemer, su novio en aquel momento. Silvia señaló sentirse hostigada e intimidada en diversas ocasiones, particularmente desde que comenzó el proceso de la causa Brusa.
Un “robo común”
A pesar de todo, quienes integran el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo de Rafaela han continuado reclamando el esclarecimiento del crimen y denunciando el cada vez mayor cúmulo de irregularidades alrededor de la causa, que involucran una y otra vez a la policía y al juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi.
En este sentido se expresaba Marina Destéfani, hija de Silvia Suppo. “Pedimos justicia y verdad para Silvia Suppo y extendemos también la lucha por justicia para Silvia para todas las compañeras y compañeros víctimas de la dictadura y de violaciones a los derechos humanos actuales”.
Por lo tanto, enfatizó, “lo que nos convoca hoy nuevamente es la gran cantidad de irregularidades que venimos observando en la causa y que nos motiva a pedir su elevación a la competencia federal”.
A su vez, Soledad Dominino, del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, relataba que las irregularidades “son muchas y el detalle que fuimos logrando sobre cada una es muy importante. Por eso nombrártelas a todas es complicado. La primera tiene que ver con la protección de la escena del crimen, que no sucedió, y en un hecho, tremendo, de estas características, creemos que es fundamental”.
Amenazas y decisiones sorprendentes
Soledad continuó describiendo que “hace un mes nada más los familiares recibieron amenazas, y esas amenazas fueron tratadas por la Justicia en una causa aparte, como si no estuvieran relacionadas con el asesinato de Silvia. Estamos hablando de amenazas a los hijos de Silvia, a la novia a uno de sus hijos. Por eso es complejo el tema. Para nosotros es muy importante la marcha de hoy porque creemos que esas irregularidades tienen que ver con lo que venimos sosteniendo, que se trata de un asesinato político y es necesario que la causa sea tratada en un juzgado federal, no en el juzgado de Rafaela”.
Otra de las irregularidades, quizás la más severa, sea la que involucra a un testigo presentado recientemente por los querellantes. Protegido con identidad reservada, el testigo señaló como responsables del asesinato a condenados e imputados por crímenes de lesa humanidad. Pero desde el juzgado de Mognaschi se “filtró” rápidamente al diario Castellanos la existencia del testimonio y parte de su contenido, poniendo en riesgo la vida del testigo. Los querellantes acusaron al juez de “falta de ética profesional y negligencia”.
Por su parte, Dahiana Belfiori, de la organización feminista Enredadera que participa del Espacio Verdad y Justicia, planteaba que “otra de las cuestiones que es sorprendente, que es llamativa, es que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se intentó constituir como querellante en la causa que estamos llevando adelante y le exige a la justicia rafaelina, al juez Mognaschi, que decline su competencia en este fuero local y la remita a juzgado federal. Y sorprendentemente, es la primera vez en la historia, le es denegado este pedido a la secretaría. Realmente, en una causa que tiene claras connotaciones políticas. Por eso estamos reclamando fuertemente en esta marcha que la causa pase al fuero federal”.
“No vamos a parar”
Marina, la hija de Silvia, consideró que “las perspectivas en relación a la dificultades que hemos venido atravesando si bien no son muy esperanzadoras, para nosotros no son una traba y no significan decaer en la lucha”.
Por lo tanto, la joven concluyó que “vamos a seguir constantes y peleando por ese objetivo que nos hemos planteado de que esto sea elevado a la justicia federal, porque creemos que ya hay elementos suficientes para que esto sea tratado como un crimen de lesa humanidad, por las características de la víctima, por su biografía, por su lucha, por sus ideales y por las consecuencias políticas que tuvo su muerte, que sabemos que beneficia a ciertos sectores, amedrentan a la sociedad, a callarse. Y queremos con esto decirles a los que están por atestiguar, que no se callen, que vamos a seguir luchando y apoyándolos, que no vamos a parar hasta que esto se esclarezca”.
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